Presentación. Aportes. Revista de Historia Contemporánea nº 120

Resumen

En septiembre de 2024 se celebró un congreso sobre la Primera República en el marco de los 150 años de su finalización, el 30 de diciembre de 1874, como parte de las actividades organizadas por el Instituto de Estudios Históricos del CEU. Las ponencias vieron la luz en un volumen en la editorial Sílex en 2025, financiado por dicho Instituto. Dada la calidad de muchas intervenciones, se consideró que la temática, lejos de estar abarcada, podía ser objeto de un monográfico académico que incluyese nuevas investigaciones. La perspectiva abordada es la propia de la historia política y cultural, fundamentada en documentos y en la aplicación de marcos analíticos, sin desatender ni priorizar las nuevas tendencias historiográficas. Los artículos aquí presentados proceden del estudio de fuentes primarias, atados a la verdad documental, sin más apriorismos que los que marcan la profesión. Entendemos que todavía quedan muchas cosas por conocer del periodo de la Primera República relativas a los hechos que marcaron su devenir político, los errores y aciertos, los cambios en las decisiones de los dirigentes y de los ciudadanos, que afectaron a la gobernanza o al ejercicio de los derechos y libertades de los españoles.

La Primera República Española representó un periodo de experimentación democrática y de extrema inestabilidad política marcado por la convergencia de la guerra en Cuba, la tercera guerra carlista y la insurrección cantonal. Según analiza Diego Cameno Mayo en este número de Aportes, un factor determinante en el colapso de la monarquía de Amadeo I y el nacimiento del régimen republicano fue el "asunto Hidalgo". Este conflicto, originado por el rechazo de la oficialidad de Artillería a servir bajo el general Baltasar Hidalgo —acusado de haber participado en la matanza de compañeros de la milicia durante el motín del cuartel de San Gil en junio de 1866—, derivó en una solicitud masiva de licencias absolutas que puso al Gobierno en una circunstancia muy violenta. Los artilleros, un cuerpo elitista, desarrollaron un profundo recelo hacia el republicanismo federal, viendo en la restauración borbónica la única vía para recuperar su organización tradicional y el orden social.

La relación entre el nuevo sistema y el estamento militar estuvo definida por lo que Íñigo Palencia Pulido describe en su investigación como una dicotomía entre la "necesidad y la desconfianza". Aunque el ideario republicano era fervientemente antimilitarista y prometió la abolición de las quintas, la realidad bélica obligó a mantener los reemplazos forzosos para movilizar a miles de hombres. El ministro de la Guerra, Nicolás Estévanez, un federal canario, intentó una ambiciosa reforma para modernizar el Ejército y hacerlo más democrático, contemplando desde la creación de una reserva nacional hasta la revisión de las ordenanzas. Sin embargo, la falta de presupuesto y la indisciplina generalizada —agravada por la suspensión temporal del código militar que dejaba a los mandos sin herramientas frente a la insubordinación— impidieron la consolidación de un ejército republicano eficaz. Esto se hizo evidente en 1874 en los diversos frentes abiertos.

En el ámbito de la agitación social, Quintin Casals documenta la excepcionalidad de Barcelona, que se convirtió en el laboratorio de la federación "de abajo arriba". Entre febrero y julio de 1873, se produjeron hasta cinco intentos de proclamar un "Estado Catalán", impulsados por una alianza entre sectores obreros internacionalistas y clubs federales intransigentes. Estos movimientos no buscaban la independencia de Cataluña, sino la construcción de la soberanía partiendo del municipio autónomo. La Diputación de Barcelona, presidida por Benito Arabio, actuó durante meses como un auténtico poder civil y militar en Cataluña, organizando sus propios batallones de "Guías" para combatir al carlismo ante la inoperancia del ejército regular. Solo la actitud dialogante de las autoridades locales y los presidentes Figueras y Pi y Margall logró canalizar estas tensiones dentro de la legalidad, evitando una ruptura definitiva.

Respecto a la arquitectura del Estado, Jorge Pérez Alonso examina el proyecto de Constitución Federal de 1873, el cual introducía un modelo de justicia inspirado parcialmente en Estados Unidos y Suiza. En aquellos días republicanos se propuso una planta judicial en tres niveles y se otorgó al Tribunal Supremo la facultad embrionaria de suspender leyes contrarias a la Constitución. No obstante, Pérez Alonso subraya que la influencia estadounidense ha sido sobrevalorada: el sistema judicial propuesto seguía muy anclado a la tradición jurídica española, manteniendo la dualidad de jurisdicciones y careciendo de la capacidad de nulidad plena característica del modelo americano. El texto constitucional seguía percibiéndose más como una norma política que como una norma jurídica suprema directamente aplicable por todos los jueces.

La oposición al régimen fue feroz desde la retaguardia madrileña. José Luis Agudín Menéndez analiza cómo la prensa carlista -como La Esperanza o El Pensamiento Español- aprovechó la libertad de expresión para deslegitimar a la República, presentándola como un sinónimo de "socialismo salvaje" y anarquía. Estos medios actuaron como una "quinta columna" que justificaba la insurrección de Carlos VII, recaudaba fondos para los heridos y denunciaba los propósitos laicistas del gobierno, como la separación de la Iglesia y el Estado. Su retórica apocalíptica caló en las clases conservadoras, preparando el terreno para el fin del experimento republicano.

Paralelamente, José Ramón Milán García describe la trayectoria del Partido Constitucional de Sagasta, una formación "nacida con fórceps" por orden de Amadeo I de Saboya que agrupaba a progresistas templados y unionistas del general Serrano. Durante la República de 1873, sus líderes, tanto Sagasta como el citado Serrano, oscilaron entre la conspiración militar y el apoyo a sectores republicanos moderados como Castelar, a quien veían como el último baluarte del orden social frente al radicalismo federal. El desgaste de la República y la división interna de los partidos revolucionarios permitieron que los constitucionales, tras el golpe de Pavía el 3 de enero de 1874, se convirtieran en actores clave para la Restauración borbónica, facilitando un retorno de la monarquía que fuera compatible con algunas conquistas del 68, especialmente el espíritu y algunos principios de la Constitución de 1869. Finalmente, la fase federal o cantonal terminó el 3 de enero de 1874 con el golpe de Estado del general Manuel Pavía, quien disolvió las Cortes para evitar que el poder regresara a las facciones más extremistas tras la caída de Castelar. Esto dio paso a una dictadura interina presidida por el general Serrano, calificada como "dictadura comisaria", que gobernó sin Parlamento, suspendió las garantías constitucionales y reprimió duramente al cantonalismo y al movimiento obrero. Este régimen de orden, aunque nominalmente republicano, actuó como un puente hacia la monarquía de Alfonso XII, proclamada finalmente por Martínez Campos en Sagunto en diciembre de 1874.

Los trabajos presentados en este dosier, por tanto, iluminan acontecimientos, grupos, ideas y personas que permiten explicar mejor, de forma bien documentada, el episodio de la Primera República.